viernes, 11 de abril de 2008

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA OBEDIENCIA: Educación cívica chilena

Llevo tan solo dos meses estudiando en Argentina. Creo tener el criterio suficiente como para percibir y contemplar la ingente diferencia político-social existente entre Argentinos y Chilenos. Por ello, es que me armo de valor y escribo lo siguiente:

A todos aquellos miembros del "NO" orgullosos de derrocar una dictadura y de devolver la libertad a nuestro país y a sus hijos.
Como estudiante de la facultad de Ciencia Sociales y de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, es que he visto las dos caras en cuanto a pensamientos y enfoques políticos y sociales de la juventud Argentina.
En ambos casos existe un factor común; el gran conocimientos de SUS derechos y deberes políticos (no confundir con conciencia social) que la democracia liberal actual -con todos sus defectos- otorga y garantiza.A pesar de mi corta edad ha sido terrible comprender el gran legado -y triunfo- que dejó la dictadura en mi país, institucionalizando una educación pobre en la formación de caracter, capacidad de análisis, comprensión y sentido crítico, con una enseñanza cívica, política y social nula.

Acá sucede lo contrario. El conocimiento de Derechos y Deberes Políticos, así como el entendimiento de los deberes cívicos impresiona -hablo siempre en comparación a Chile, la Juventud Argentina dista de ser perfecta-. Esto trae como concecuencia una juventud más crítica, con conciencia social, espíritu de lucha y activa participación política -no confundir con la política partidista-. El debate y el intercambio de ideas es pan de cada día.

En Chile y como resultado de un excelente proceso de reestructuración educacional entre los años 1973 y 1990, se institucionalizó un sistema educacional elitista sin otro fin más que el lucro y la perpetuación de la brecha social; ¿El resultado? Una población completamente en desconocimiento de SUS derechos y deberes civiles y políticos. La educación Chilena logró estigmatizar palabras como "lucha de clases", "sistema actual", "participación política" y "protesta", y tildó de extremistas a todos aquellos que ejercian su derecho a estar descontentos (Organizaciones políticas Y organizaciones gremiales). Aumentó la intoleracia propia de la segmentación social en base a la propiedad. Si muchos están contentos por el logro que significo volver a la democracia, no han visto el verdadero escenario.

No pertencesco a ningún partido político ni soy partidario de la violencia. Por favor no confundan participación política con "política partidista".

Por esto es que exhorto a la reflexión y al análisis sin otra intención más que la de concientizar, a no tener miedo de expresar nuestro descontento, a no dejarse ganar por el conformismo, a sentirnos con el derecho de decir "NO ESTOY DE ACUERDO" y a ejercer nuestro derecho de participación política en su máxima expresión. Contrario a las políticas represivas del gobierno tenemos el derecho a expresarnos, la ley -aunque cada vez en menor grado- nos ampara.

Es tarea nuestra educar y concientizar a quienes no tienen acceso a una educación digna.

Si este escrito te resulta extremista, comunista, marxista y anarquista, NO TE PREOCUPES, NO ES TÚ CULPA.

Carlos javier

martes, 9 de octubre de 2007

Democracia y TLC: ¿Armonía o exclusión?

La verdad es que nunca tuve la intención, hasta hace un par de días, de crear un “Blog”, no porque no estuviera de acuerdo con su finalidad, si no debido a que nunca sentí la necesidad de utilizar un medio escrito para informar, comunicar o debatir temas que, desde mi forma de ver, deberían ser del conocimiento de todos. Esta falta de información se debe al cada día más preocupante desinterés no sólo por parte de nosotros los jóvenes, criticados durante mucho tiempo, si no a una falta de interés colectiva. La “revolución de los pingüinos” hizo presagiar un esperanzador despertar ciudadano impulsado por una creciente conciencia social a nivel escolar, pero a más de un año de ese ilusorio suceso (y por causas que analizaremos en otra oportunidad ya que merecen especial atención) observamos a una población consumida por el efecto transantiago pero descuidada frente a otros temas de vital importancia.

Hoy no analizaremos las causas de esta desinformación o desapego por todo aquello relacionado con la política nacional, si no que informaré sobre un asunto que considero de suma importancia y que para ojos de mucho, no tiene relación alguna, ¿Puede la democracia verse afectada por los tratados de libre comercio firmados por Chile?

La mayoría gente no sabe realmente lo que significa un tratado de libre comercio (TLC) y cuales son sus efectos; peor aún no tienen idea en que consiste la democracia cómo tal, o que representa la democracia moderna, la actual democracia representativa.

A grandes rasgos la democracia representativa simboliza el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, pero a través de representantes elegidos a través del sufragio universal. “El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes”[1]. Pero en la actualidad la democracia representa una serie de derechos fundamentales del hombre. Elementos tales como el respeto a los derechos individuales (libertad de expresión, libertad de culto, libertad de prensa, libertad de pensamiento, libertad de asociación), derecho a la participación, elecciones libres e informadas, soberanía popular, división de los poderes del Estado, ley de la mayoría, etc., están plasmadas hoy en múltiples constituciones.

“la democracia se define como un sistema social que propugna por la igualación básica de los ciudadanos y las ciudadanas. Por “igualación básica” entendemos un piso de derechos y capacidades que elimine las restricciones materiales al ejercicio de unos derechos y libertades indispensables al ser humano”.[2]

Me encantaría discutir sobre los alcances y falencias de nuestro régimen democrático, pero me prometí no digregar tanto e ir directamente al grano.

Los tratados de libre comercio (TLC) son acuerdos bilaterales o multilaterales que fijan reglas en torno al comercio, la inversión transnacional, el movimiento de capitales nacional y transnacional, la protección y expansión de la propiedad privada, la armonización de las reglas laborales, ambientales, fito y zoosanitarias, la limitación de la acción gubernamental, los procesos legales y administrativos, entre otros.

Actualmente existen cientos de TLC tanto bilaterales como multilaterales. Existe por un lado el tratado de la OMC que fue firmado en 1995, a éste se suman actualmente cientos de TLC bilaterales. Los países mas activos en la búsqueda de tratados han sido Estados Unidos, los miembros de la Unión Europea y Australia (véase por ejemplo http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/Section_Index.html, http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/37/index_es.htm)

Chile ha sido un país muy activo en cuanto a la firma de tratados de libre comercio. Hasta la fecha ha firmado más de veinte acuerdos que involucran a más de cuarenta países (véase http://www.direcon.cl/cuadro_resumen.html)
Fue también muy activo promoviendo el ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas), el que fracasó principalmente por la oposición de Brasil y Venezuela.

Los tratados han sido negociados en su mayoría confidencialmente, sin que siquiera el parlamento haya tenido acceso a los textos en negociación; no ha habido consulta ciudadana, sólo se ha consultado en ocasiones a sectores empresariales. Existen tratados, por ejemplo el Tratado de Complementación Económica entre Chile y Argentina, que han sido aprobados sin que la ciudadanía se entere. El Parlamento ha conocido los textos una vez que han sido firmados y solamente puede aprobarlos o desaprobarlos sin derecho a hacer observaciones. Durante el proceso de discusión en el Parlamento tampoco se han impulsado procesos de participación ciudadana, como está ocurriendo hoy día en Costa Rica u ocurrió en algún momento en Noruega. Este es un ejemplo preciso de falta de participación ciudadana e incluso más, ya que la ciudadanía ni si quiera ha sido informada y el Parlamento no ha podido cumplir plenamente sus funciones.

Cabe mencionar que dentro del nuevo orden mundial, se han impuesto mecanismos de confidencialidad a través de los distintos tratados, incluido el de la OMC, que protegen los intereses empresariales y debilitan la transparencia fundamental en toda democracia. Por ejemplo el capitulo de inversiones del TLC con EEUU indica que en caso de litigio con una empresa norteamericana el tribunal actuante no podrá difundir la información que la misma empresa haya calificado de confidencial[3]

Existen otros principios básicos de la democracia representativa que tampoco han sido respetados; por ejemplo, no se ha respetado la autoridad del Parlamento para legislar de manera soberana. El TLC con Estados Unidos indica en su capítulo sobre derechos de propiedad intelectual lo siguiente:

2. Antes del 1 de enero de 2007, las Partes deberán ratificar o adherir al Tratado de

Cooperación en Materia de Patentes (1984).

3. Antes del 1 de enero del 2009, las Partes deberán ratificar o adherir a:

(a) la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades de

Plantas (1991);

(b) el Tratado sobre Derechos de Marcas (1994); y

(c) el Convenio sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas

Transmitidas por Satélite (1974).

4. Las Partes harán esfuerzos razonables para ratificar o adherir a los siguientes

acuerdos, de conformidad con su legislación interna:

(a) el Tratado sobre Derecho de Patentes (2000);

(b) el Acuerdo de la Haya sobre el Depósito Internacional de Diseños

Industriales (1999); y

(c) el Protocolo referente al Arreglo de Madrid relativo al Registro

Internacional de Marcas (1989).[4]

Lo que vemos aquí es cómo los representantes parlamentarios elegidos en el futuro, quedan obligados a legislar de una determinada manera independientemente de su opinión y de la de sus representados.

El Poder Ejecutivo renuncia también a sus poderes soberanos, específicamente a su capacidad para definir políticas nacionales. Por ejemplo el capitulo sobre inversiones del TLC con Estados Unidos indica:

1. Ninguna Parte podrá imponer ni hacer cumplir cualquiera de los siguientes requisitos o
hacer cumplir ninguna obligación o compromiso, en relación con el establecimiento,
adquisición, expansión, administración, conducción, operación o venta o cualquier otra forma
de disposición de una inversión de un inversionista de una Parte o de un país que no sea Parte

en su territorio para:

(a) exportar un determinado nivel o porcentaje de mercancías o servicios;

(b) alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional;

(c) adquirir, utilizar u otorgar preferencia a mercancías producidas en su territorio, o
adquirir mercancías de personas en su territorio;

(d) relacionar en cualquier forma el volumen o valor de las importaciones con el
volumen o valor de las exportaciones, o con el monto de las entradas de divisas
asociadas con dicha inversión;

(e) restringir las ventas en su territorio de las mercancías o servicios que tal inversión produce o presta, relacionando de cualquier manera dichas ventas al volumen o valor de sus exportaciones o a las ganancias que generen en divisas;

(f) transferir a una persona en su territorio tecnología, un proceso productivo u otro
conocimiento de su propiedad; o

(g) actuar como el proveedor exclusivo desde el territorio de la Parte de las mercancías que produce o servicios que suministre para un mercado regional específico o al mercado mundial.[5]




Las medidas que aquí se prohiben han sido muchas veces políticas para fomentar la actividad económica e industrial del país. Se vulnera una vez más una característica fundamental de la democracia, que es el derecho soberano de cada gobierno de definir sus políticas nacionales.

Desde el punto de vista de la equidad social, es demasiado pronto para ver el verdadero impacto en Chile de la aplicación de los TLC. Sin embargo, si analizamos la situación de México que ya lleva trece años de TLC con Estados Unidos, lo que vemos es un aumento de la inequidad, producto de procesos de desindustrialización y la instalación de empresas maquiladoras, cuyo funcionamiento se basa en la explotación de la mano de obra barata.[6] De acuerdo al informe “México: el tratado de libre comercio de América del Norte (TLCAN): efectos sobre los derechos humanos” de la Federeción Interncional de los Derechos Humanos

"En los primeros nueve años del TLCAN se han creado 8
millones de nuevos empleos, pero esta cifra es insuficiente
porque hay un déficit de 46.6% respecto a los empleos
necesarios para la gente nueva que llega a la edad de
trabajar, porque en México sería necesario crear 1,4 millones
de nuevos empleos por año. En el sector formal sólo se han
creado durante el TLCAN 3 millones de empleos, por lo que se
obliga a las personas a buscar estrategias de supervivencia
en el sector informal. El 55.3% de los nuevos empleos no
cumplen con ninguna de las prestaciones de ley que son sólo
tres: seguridad social, gratificación de navidad y 10 días de
vacaciones al año. A finales del 2002, sólo el 36% de los
trabajadores y trabajadoras contaban con seguridad social.
En el sector exportador manufacturero existen hoy 81 000
menos empleos que antes del TLCAN (-9.4%). Se crean
empleos en el sector exportador de punta, pero son menos
que los que se pierden en la cadena de sus antiguos
proveedores mexicanos, porque ahora importan casi todos
sus insumos. El sector manufacturero sólo creó 500 OOO
puestos de trabajo entre 1994 y 2002 (un promedio de
62000 puestos por año).
La productividad en las manufacturas durante el TLCAN
aumentó 53% más por hora trabajada, pero a los patrones les
cuesta 36% menos ese trabajo tan rendidor (por la
disminución del precio del trabajo, incluyendo salarios,
prestaciones y costos indirectos como el pago a la seguridad
social). El empleo creado es altamente dependiente del ciclo
económico de los Estados Unidos. Por ejemplo durante los 17
meses de mayores dificultades en ese país (noviembre 2000
a marzo de 2002) se perdieron en México 287 000 empleos
en la maquila, de los que se lograron recuperar después sólo
40 000".6

Muchos de estos antecedentes son confirmados por un estudio de Carlos Retamales de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Por ejemplo indica que desde se firmó el TLC con Estados Unidos el consumo privado y el gasto social han crecido muy por debajo de las tasas de producción y exportación, lo que es un indicador del aumento de la desigualdad social. Ello a pesar de que Retamales confirma que entre 1993 y 2003 la productividad laboral ha aumentado un 59,2%[7].

Lo anterior indica que el Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá ha beneficiado centralmente a las empresas no mexicanas y ha aumentado los niveles de pobreza y desigualdad en el país. Aunque aún es temprano para ver los efectos en Chile, no hay elementos en los tratados firmados ni en las políticas relacionadas que permitan pensar que la situación será distinta.

Cuando las dediciones económicas van más allá de simples relaciones de mercado y comienzan a interferir a nivel político y muestras una relación directa con la inequidad social, el problema traspasa las barreras meramente económicas.
Los antecedentes indican que los procesos de adhesión a tratados de libre comercio han legitimado o institucionalizado mecanismos no democráticos para la definición de políticas y medidas legislativas, socavando seriamente la democracia chilena presente y futura. Aunque aún es muy temprano para evaluar los impactos sobre la democracia social en el país, el caso mexicano permite pensar que también veremos efectos negativos profundos.



[1] Constitución colombiana.
[2] Documento presentado al Foro Ideológico Nacional realizado en Bogotá el 10 y 11 de junio de 2004.
http://www.polodemocratico.net/Tesis-sobre-la-democracia-el

[3] http://www.direcon.cl/index.php?accion=tlc_eeuu_01_vd
[4] Vease el texto del capítulo en http://www.direcon.cl/index.php?accion=tlc_eeuu_01_vd
[5] Véase el capítulo de inversiones en http://www.direcon.cl/index.php?accion=tlc_eeuu_01_vd
[6] Según Maquiladora Management Services , empresa al servicio de los capitales dueños de las maquiladoras, una maquiladora es “sinónimo de manufactura mexicana. Ellas son plantas de ensamblaje de bienes manufacturados para la exportación. Las maquiladoras son generalmente propiedad de corporaciones no mexicanas que aprovechan la mano de obra barata mexicana, las ventajas arancelarias y la cercanía a los mercados estadounidenses.” (http://www.madeinmexicoinc.com)
[7] Carlos Retamales. Apertura comercial y crecimiento económico el impacto del TLCAN sobre México. http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2005/mcro-tlcan.htm